El Estado republicano fundacional (estable) que se inauguró con los gobiernos conservadores, fue el puntapié inicial para controlar todas las esferas nacionales sean estas culturales, sociales, políticas y económicas por parte de la oligarquía. La construcción del Estado en Chile, es la manifestación política de la creación de un nuevo proyecto país para la república recientemente emancipada.
El proceso de construcción del orden estatal republicano, sienta las bases del desarrollo político en esta materia del siglo XIX y buena parte del XX. El Estado como centralidad, lo político como lo fundamental para comprender a la sociedad, son ideas - fuerza que se impregnaron con mucha violencia (a sangre y fuego) en el ideario nacional.
La violencia del proceso de construcción del orden estatal, no se puede asociar solamente a las escaramuzas opositoras, o al efecto de las guerras civiles. La violencia política, económica y social está en la génesis del proceso, pues constituye la base del orden y la estabilidad. Según Gabriel Salazar,
En este sentido, y por comparación al resto de América Latina, dio pruebas de estabilidad factual e ideológica, habiendo logrado imponer con éxito a la sociedad nacional un determinado orden político. Sin embargo, se constata también que fue un régimen excluyentemente controlado por las elites mercantiles nacionales y extranjeras (...), socialmente discriminatorio (los pobres no podían ser ciudadanos activos), altamente militarizado, y políticamente autoritario (el Gobierno se sobrepuso al Congreso; los ‘Decretos’ a las ‘Leyes’; y las autoridades provinciales a la oposición). La modernización mercantil que este régimen impulsó por doquier generó violentas desigualdades sociales y económicas, sin parangón en la historia anterior y posterior del país.
Gabriel Salazar sitúa como el problema fundamental en el proceso de construcción del Estado, el de la legitimidad. En Chile, la legitimidad ha sido sepultada por los poderes fácticos que han delineado el trazado seguido por el Estado y el sistema que lo sostiene. Ello ha implicado una alianza, muchas veces tácita entre la clase política civil y la clase política militar, que reconstruyen dicho orden de tanto en tanto. Sepultar dicha legitimidad, es negar a su vez el desarrollo de la sociedad civil.
Dicha estabilidad se conserva gracias al poder de fuego, que acompaña desde su instalación al nuevo / viejo orden y se consolida con la promulgación de la Carta Fundamental del ’33, la más ‘estable’ hasta el momento de toda la Historia de Chile:
Laviolencia fue, pues, la partera del Estado que surgió de la primera coyuntura constituyente. En la ‘seriedad de la muerte’, que siguió a ese parto, el Congreso de 1832 (dominado por una mayoría de mercaderes) redactó y aprobó la Constitución que legalizó su ‘ámbito de dominio’. Su texto fue promulgado en 1833.
En síntesis, Salazar plantea abiertamente la crítica a quienes se han dedicado al estudio del origen del Estado (principalmente a los sectores académicos tradicionales), entregando las glorias del ‘orden y el progreso nacional’ (y sus íconos) a un sector de la sociedad, representado por la elite, siendo su máximo exponente Diego Portales, que favoreció los intereses mercantiles, y que optó por la ‘estabilidad’ por sobre la ‘legitimidad’ del sistema político instaurado.
El sistema que se instalaba, debió contar con una organizada coacción por parte de la oligarquía, en pos de su imposición. Ello pues el propio proceso productivo, generó una enconada resistencia por parte de los sectores populares, que no estaban dispuestos a ser proletarizados. Asistimos a un momento transicional, de gran riqueza para el estudio histórico, pues se develan ahí con mucha claridad, las complejas contradicciones socioculturales y políticas, que lleva consigo la imposición del régimen económico de sello conservador. La tensión presente entre la consolidación / obstaculización del capitalismo, encierra una segunda tensión, no por ello menor entre el proceso de disciplinamiento peonal y las múltiples y heterogéneas resistencias que genera. A decir de María Angélica Illanes,
(...) la rebeldía de antiproletarización (...) asume aquí un carácter estructural: se generó a partir del mismo proceso de producción capitalista y se reprodujo dentro de su propio circuito, constituyendo un obstáculo interno de considerable importancia (...) dificultando los procesos superiores de acumulación
Esta transición compleja, múltiple y totalizadora, pues encarnaba la avanzada de lo que aquí hemos llamado el proyecto-país conservador, engendra a su vez una rebeldía estructural, también totalizadora, pues afecta las bases del proceso de producción. Ello obliga a la oligarquía a diseñar e implementar un estricto sistema de disciplinamiento social, que consideró armas, leyes, y todo el peso de las instituciones estatales, para lograr someter a la esquiva mano de obra. Ello obligó, a instruir al propio sistema policial y judicial, ante este inédito proceso.
El reclutamiento forzado como integrantes de los cuerpos policiales y el arriendo de prisioneros, demuestran las dificultades para formar masas asalariadas. Los mecanismos de disciplinamiento muestran a su vez, la desesperada posición de la oligarquía, que recurre a la violencia desatada, para imponer el orden:
La pena de azotes; la reglamentación de la mendicidad a través de licencias otorgadas por las autoridades para su ejercicio “legal”; la vigencia en las regiones mineras del norte del país del sistema de “papeletas” mediante las cuales debían acreditar su empleo los sirvientes domésticos, gañanes, operarios de minas y demás trabajadores de tipo peonal, fueron otras tantas disposiciones adoptadas o reafirmadas por los gobiernos de los decenios conservadores para asegurar el disciplinamiento y control social del “bajo pueblo”. Aunque la mayoría de estas prácticas databa de la época colonial (y algunas persistieron durante la república Liberal), cabe señalar que bajo los gobiernos “pelucones”, su aplicación fue más vasta y sistemática que hasta antes de 1830.
Los espacios de sociabilidad popular también se vieron atacados por el proceso de disciplinamiento, que tal como señala María Angélica Illanes, aparejado al disciplinamiento peonal, se requería del disciplinamiento militar.[1] Todo atisbo de insubordinación, todas las formas de desacato, e incluso la indiferencia ante el sistema instalado, tenían como reacción de las autoridades, el uso de la fuerza, las armas y la ley. Las formas de resistencia incluían la manera de participar de los beneficios de la minería del Norte Chico, a través de la cangalla. Ello obligaba a los patrones, a resguardar y a ejercer una férrea fiscalización, aún más allá del propio lugar de trabajo. Se trataba de anular al sujeto popular, controlar sus movimientos, coartar todas sus formas de libertad y autonomía:
Se trataba de doblegar la resistencia peonal a la proletarización, eliminando todos los resquicios, tanto económicos como sociales, que aún le permitían ciertos espacios de libertad. Ello explica el ataque a las chinganas y otros lugares de sociabilidad popular.
La vía política para resistir al orden conservador, es una de las fórmulas que explorarán los sectores disidentes, de corte ilustrado, para ‘democratizar’ el orden conservador. Sin embargo, los sujetos populares, que a través de la cangalla, la insubordinación y la protesta peonal, dado el desconocimiento que de ellos se tenía y por lo gravitante de su participación en el proceso productivo, serán actores que ocasionarán mucha preocupación para el sistema oligárquico.
b. La sociedad popular: configuración e identidad popular, experiencias de resistencia, asociatividad y lucha social.
El mundo popular tiene una historia larga. Golpeado y descompuesto, tras el golpe militar de 1973 y la dictadura que le sucedió, busca con el apoyo de la historiografía social, las respuestas que en su propia experiencia, puedan explicar su vertiginosa historia. Esta encuentra algunos hitos, que podemos enumerar a modo de ejemplo, en una perspectiva regresiva: el gobierno popular de Allende, los movimientos de la década del ’60, la protesta de abril del ’57, el Frente Popular, las masacres obreras, las huelgas del salitre y la resistencia a la proletarización a mediados del siglo XIX, que aquí nos ocupa.
Si lo popular ha sido definido por su diversidad, ampliando de esta manera el concepto de clase, por mucho que se use el concepto de clases o sectores populares, podemos afirmar, que en el período 1830-1860, se incuba en Chile un movimiento popular, cuya característica es la heterogeneidad. Podemos identificar en su composición a campesinos de la zona centro-sur, el artesanado urbano, el peonaje minero del Norte Chico, y la intelectualidad liberal ilustrada, con influencia del liberalismo europeo, en particular el francés. Su punto de unión esta dado por resistirse al sometimiento político sociocultural y económico de los conservadores, fenómeno
que se expresa en y desde diversos ángulos y ámbitos de acción sociopolítica. Situamos este proceso como ‘resistencias pluralizadas’, múltiples, polifacéticas, que por ese mismo carácter, ponen en aprietos al orden oligárquico.
Los conflictos se van a expresar en 2 guerras civiles y en motines desplegados en las ciudades más importantes. A su vez, la indisciplina peonal, obstaculiza el proceso de acumulación en el Norte Chico, centro de la actividad minera de la época. La politización de los sectores populares, entendida como el ejercicio sistemático de intervención en el espacio público, no se daba sin embargo de manera articulada, y estas expresiones descritas, aparecen disociadas en el escenario que analizamos.
Claramente el mundo popular no era parte de la discusión política formal, de la política tradicional. Esta misma condición lo convertía a nuestro juicio en un sujeto peligroso para el orden, pues no está en su lógica, ni en su historia, el actuar al interior del aparato estatal. Sus irrupciones por lo tanto, escapan al modus operandi en que se dialoga en el espacio político establecido. Al no existir partidos políticos populares, ni movimientos políticos organizados, no cuentan con un interlocutor al interior del sistema. Ello va aparejado, con una fuerte represión hacia los sectores disidentes por parte del oficialismo, como una práctica sostenida y sistemática, que tiene un momento álgido en las guerras civiles de la década del ’50,
A nuestro entender, existe un movimiento popular en resistencias pluralizadas ante el orden conservador oligarca. Estas pluralidades, son consecuencia del carácter totalizador del proyecto país conservador, que abarca, espacios rurales, urbanos, formas de sociabilidad popular, instauración capitalista, Constitución política, orden militar y eclesiástico, como instituciones garantes del orden sociopolítico y la tradición cultural. Este proyecto conservador, destaca por su capacidad de sintetizar tradición y cambio, no definiéndose desde el estancamiento, sino desde la acción política concreta.
A nuestro juicio 2 ejes recorren el movimiento popular, definiendo su accionar: uno es el proyecto democrático liberal, que tiene como base al artesanado urbano y a los grupos ilustrados; el otro es el proyecto de resistencia a la proletarización, que tiene en el peonaje minero a un actor decisivo. Con el primero se va a desarrollar por parte de los conservadores, la transición hacia formas de relación política modernas, léase reformas constitucionales, leyes laicas, en un marcode apertura cultural; con respecto a los grupos peonales, se mantendrán relaciones disciplinadoras, pues estos actores no entran en la lógica moderna, y no es posible dialogar en esa dimensión. Por lo tanto el Estado se parapeta en la alianza armas-leyes, para asegurar el ‘orden’, pues le teme a este sujeto desconocido, que irrumpe al espacio público, tras años de desarrollo e historia en el mundo rural, en forma de bandidaje.
No obstante ello, ambas son expresiones de un mismo movimiento. Contienen politicidad en la medida que alteran y disputan al proyecto dominante, la conducción de la sociedad. Lo histórico y a su vez lo político, radica en analizar la circulación de la hegemonía, la organización del circuito de poder, el control de la influencia sobre la sociedad, que está siempre en disputa, pues conlleva historicidad.
El movimiento obrero que se constituye en la segunda mitad del siglo XIX, a partir del proceso de urbanización y de la explotación del salitre en el norte grande es un segmento del movimiento popular. Se identifican diversas modalidades de organización: Mutuales, Mancomunales, Sociedades en resistencia, Sindicatos, Centrales Obreras. Se consolida en el Siglo XX siendo un actor relevante de la política nacional, presionando activamente por la defensa de sus derechos y reivindicando mejores condiciones salariales y calidad de vida.
El largo camino recorrido por la lucha popular, obliga a detenerse a los estudiosos de la historia en algunos hitos o puntos de inflexión. Esos hitos están grabados generalmente en la historia social como memoria de la represión, del dolor y de la explotación. Pocas veces se le rescata como memoria de la construcción ciudadana, de valorar las conquistas sociales en aras de una mejor calidad de vida. El momento de mayor emergencia del mundo popular se da en el ciclo 1925-1973. Esa historia es conocida y está grabada en nuestra memoria reciente: unidad popular, golpe de Estado y dictadura militar. Nada de ellos habría sido posible, sin las encarnizadas luchas populares del siglo XIX.
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